OPINIÓN

Última garantía

El estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia provocada por el coronavirus impedirá celebrar las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco del 5 de abril. La decisión de aplazar la convocatoria adoptada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y por el lehendakari, Íñigo Urkullu, responde a una necesidad insoslayable como es impedir la propagación del virus, y, por tanto, era de todo punto necesaria. La excepcionalidad de la situación ha empujado al sistema institucional hacia un terreno igualmente excepcional, y es de subrayar que ambos dirigentes han actuado con rigurosas cautelas tanto jurídicas como políticas. La solución que han articulado no solo era la única posible, sino que es satisfactoria y deberá ser tomada en consideración para, cuando cese la alarma, colmar el vacío legal revelado por la pandemia.

El acuerdo entre las fuerzas políticas con representación en los parlamentos de Santiago y de Vitoria se ha erigido en la garantía última de que el sistema regresará a la normalidad tan pronto como las circunstancias lo permitan. La determinación de ese momento es distinta en el caso de Galicia y del País Vasco, puesto que la primera comunidad lo vincula simultáneamente al levantamiento del estado de alarma y de la emergencia sanitaria en tanto que Vitoria lo limita a este último requisito, por depender exclusivamente de una decisión autonómica. Sin dejar de reconocer el mensaje político implícito en esta diferencia, lo esencial en estos momentos es evitar fisuras entre las fuerzas parlamentarias en cada comunidad, así como entre sus respectivas direcciones de ámbito estatal, a la hora de conducir el sistema hasta que las reglas ordinarias recuperen su plena operatividad.

El lehendakari Urkullu asumió desde los primeros momentos que la convocatoria electoral no podría ser retomada en el punto en que ha sido interrumpida, siendo necesario elaborar un nuevo censo y unas nuevas listas. El presidente Feijóo, por su parte, ha explorado durante algunos días la posibilidad contraria, llegando a la conclusión de que no era viable. Nada hay de reprochable en este intento, entre otras razones porque ha permitido identificar con mayor precisión los problemas de extraordinaria gravedad que genera la imposibilidad de celebrar unas elecciones cuando están oficialmente convocadas. De aquí hasta la fecha en que puedan abrirse las urnas, nuevas cohortes de ciudadanos habrán alcanzado la edad para ejercer los derechos de sufragio activo y pasivo, y estos debían serles reconocidos y garantizados pese a la alarma, como se ha hecho.

La inédita tensión a la que está siendo sometido el sistema constitucional de 1978 merece ser observada y analizada con detenimiento, tomando conciencia de que, junto a las dimensiones sanitaria y económica de la crisis, existe una tercera, relacionada con el funcionamiento de las instituciones democráticas. En Galicia y en Euskadi, en Euskadi y en Galicia, la fuente de legitimidad que representa el voto de los ciudadanos ha sido desafiada por la pandemia, al impedir que se exprese según las previsiones. Es deber inexcusable de todos los partidos establecer una férrea protección política en torno a esa fuente. Tanto ahora, manteniendo el acuerdo político alcanzando en ambas comunidades, como también en el futuro, proyectando el mismo acuerdo sobre las reformas que habrá que realizar a partir de la experiencia.

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