Economía

La Generalitat Valenciana exonera del pago del alquiler a sus inquilinos afectados por el coronavirus

Una mujer mira los anuncios de una inmobiliaria en Valencia, en una imagen de archivo.Una mujer mira los anuncios de una inmobiliaria en Valencia, en una imagen de archivo.Tania Castro

Mientras el Gobierno sigue debatiendo si extender la moratoria sobre el pago de hipotecas al mercado de los alquileres, algunas administraciones locales y autonómicas han tomado la delantera con decisiones sobre aquello donde tienen la competencia: sus propios parques de vivienda. La última en hacerlo ha sido la Generalitat Valenciana, que ha anunciado este viernes que exonerará del pago del alquiler durante tres meses a sus inquilinos afectados por la crisis del coronavirus.

Según explica el Gobierno autonómico en un comunicado, la Comunidad Valenciana cuenta con algo más de 14.000 viviendas. De ellas, 12.676 se dedican a alquileres sociales para personas en riesgo de exclusión y 1.367 se arriendan en régimen de alquiler asequible para colectivos vulnerables. Las ayudas, explican desde la Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, se articularán mediante dos procedimientos. El primero de ellos es una suspensión extraordinaria del recibo del alquiler durante tres meses, comenzando en abril, para aquellos arrendatarios que acrediten que han perdido definitiva o temporalmente el empleo a causa del brote epidémico, o que sus ingresos han mermado considerablemente. La segunda es una prolongación de las bonificaciones temporales que ya existen actualmente hasta que pase la crisis. Es decir, que aquellos que ya no pagan el alquiler o que lo tienen reducido porque estuvieran pasando por una situación de dificultad, continuarán en las mismas condiciones y sus casos no se revisarán si la bonificación caduca entre el 14 de marzo y la fecha en que se supere la actual situación de emergencia.

La comunidad presidida por Ximo Puig es así la segunda en anunciar una medida de este tipo, después de que este miércoles Cataluña comunicara una medida similar. En ese caso se habló de una “moratoria” y se señaló que se estaba estudiando cómo aplicar la medida, dirigida a familias en situación de vulnerabilidad que ocupen alguna de las 23.500 viviendas públicas que tiene la Generalitat catalana. No quedó por tanto claro si la vía será una exoneración del pago, como ha decidido la Comunidad Valenciana, o un atraso de las cuotas para cuando mejore la situación, una opción que han adoptado algunas empresas privadas de gestión de alquileres.

Los Ayuntamientos mueven ficha

Las discrepancias del Gobierno sobre la cuestión de una moratoria que se aplicaría sobre todos los alquileres de España —este jueves la vicepresidenta Nadia Calviño advirtió que una iniciativa así puede tener consecuencias no deseadas y el vicepresidente Pablo Iglesias indicó que están buscando “formulas adecuadas” para garantizar el derecho a la vivienda— dejan de momento una posible modificación de la renta a la expectativa de la una negociación sobre las partes. Y ese es el margen que algunas administraciones están aprovechando para adoptar medidas sobre sus propias viviendas, que suponen una gota de agua en un océano ya que según cálculos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento) el parque de vivienda social en España supone entre un 2% y un 3% del total de casas que se arriendan.

A las iniciativas de Cataluña y la Comunidad Valenciana, se han sumado también en los últimos días algunos Ayuntamientos. Entre ellos, el que más viviendas gestiona es el de Madrid, que ayer acordó en su Junta de Gobierno no girar el recibo del mes de abril a los 6.000 inquilinos de su Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Las medida podría extenderse en función de la duración de la crisis e incluye la voluntad por parte del Consistorio de la capital de no poner en marcha ningún proceso de desahucio sobre su parque de viviendas al menos hasta el 30 de junio.

Las otros dos Ayuntamientos que han iniciado medidas similares son precisamente los de las dos mayores ciudades de la Comunidad Valenciana. El pasado miércoles, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), firmó un decreto que condona los recibos de alquiler de marzo, abril y mayo a los inquilinos del Patronato Municipal de la Vivienda, que gestiona unas 700 casas. Los tres recibos siguientes (de junio a agosto) se aplazarán y se prorratearán en a lo largo de 16 meses. La medida se hizo extensiva a algunas empresas de nueva creación que alquilan unos locales municipales. Un día después, el Ayuntamiento de Valencia anunció una moratoria para los arrendatarios de Aumsa, su empresa municipal de vivienda, que se aplicaría en condiciones similares a la moratoria sobre hipotecas acordada por el Gobierno.

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