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Correos trabaja a solo el 30% de su capacidad en plena crisis del coronavirus

Aislados en algún lugar de la España vacía y confinados en sus casas, el servicio de Correos era hasta hace pocos días el vínculo que mantenía unida a una parte de la población con el mundo exterior. Pero la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha afectado también a la empresa pública y ha hecho que en muchos casos, este cordón umbilical se rompa. En la situación de mayor necesidad, en la que además se ha disparado el envío de bienes a distancia ante la imposibilidad de entregarlos personalmente, centenares de españoles ya no reciben paquetes con productos esenciales ni tampoco el periódico, catalogados como de primera necesidad en el decreto de estado de alarma de hace una semana, porque Correos, ante la presión de las organizaciones sindicales, ha reducido al 30% el número de trabajadores que tiene en sus oficinas y en las calles, según datos de la empresa publica más grande del país.

En este contexto, el presidente del Grupo Correos, Juan Manuel Serrano, ha tenido que hacer un llamamiento a través de una carta a sus 52.000 trabajadores para «estar a la altura de lo que pueden necesitar nuestros compatriotas». Y es que los sindicatos con representación en la compañía, más de una decena, compiten por mantener la postura más radical. Unos piden la limitación al máximo de los repartos, mientras otros abogan directamente por la cancelación de todos los servicios y el cierre temporal de la empresa.

El 28 de enero, la empresa comenzó a informar a sus empleados sobre el coronovirus, y a partir de ahí, ha ido tomando medidas para evitar que estén expuestos, como flexibilidad horaria y cambios de turno para la conciliación de la vida familiar (cuidado de menores y mayores), medidas organizativas para colectivos de riesgos (embarazadas, personas con problemas del sistema inmunológico o afecciones respiratorias) y teletrabajo donde fuera posible. Pero el texto que concretó el papel de Correos durante la crisis sanitaria fue el Real Decreto de estado de alarma aprobado el pasado sábado y que establecía que la empresa pública debía prestar exclusivamente el servicio postal universal, esto es: actividades de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales y transfronterizos, tanto de cartas y tarjetas postales de hasta dos kilogramos de peso, como de paquetes postales de hasta veinte kilogramos de peso, además de servicios de certificado y valor declarado para los envíos antes indicados. La paradoja es que con el servicio postal universal, el Gobierno no garantiza los servicios mínimos para que todos los bienes declarados por él mismo como de primera necesidad se puedan entregar.

En estos momentos, las oficinas están abriendo sólo de 9:30 a 12:30, el personal es el mínimo imprescindible para garantizar la prestación del servicio universal y se ha eliminado el contacto entre personas, tanto en las sedes de la empresa como en la entrega de la correspondencia.

«Atravesamos una situación que no tiene precedentes en nuestra historia, ni dentro de la compañía ni en la sociedad a la que servimos», reconoce Juan Manuel Serrano en la misiva enviada a sus empleados, en la que les reclama «dar un paso al frente» y ponerse «a la disposición» de España. «Estamos ante el reto más importante de nuestra historia, ponernos a disposición de nuestro país o cerrar, como nos instan las organizaciones sindicales», continúa Serrano, antes de poner como ejemplo «los movimientos de voluntarios (…), iniciativas personales o colectivas para ayudar, cómo se movilizan militares de la reserva o cómo se convierten en hospitales hoteles enteros».

El mayor sindicato en Correos, Comisiones Obreras, asegura que los trabajadores «están muy expuestos al contagio del virus». Hace unos días recibieron los kits básicos de protección (guantes y geles), pero aun así, los sindicatos no han rebajado sus exigencias hacia la empresa.

AMI: Correos tiene la «obligación moral» de repartir periódicos

El director de la Asociación de Medios de Información (AMI), Ramón Alonso, subrayó ayer, ante la decisión de Correos de cancelar el reparto de suscripciones de varios medios, que los trabajadores de Correos tienen una «obligación moral» porque la función de esta empresa «es apoyar y hacer un esfuerzo especial cuando el periódico no puede llegar a un sitio de otra manera».

Según Alonso, la decisión afecta en mayor medida a quienes habitan en la España vaciada, esos que necesitan que Correos le lleve el periódico a sus hogares.

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