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Sánchez afronta una nueva reunión con las autonomías en un clima más tenso

El cierre de filas logrado el pasado domingo por Pedro Sánchez en su primera videoconferencia con los presidentes autonómicos para abordar la crisis del coronavirus se mantiene relativamente firme, al menos, en lo fundamental. Pero la primera semana de aplicación del decreto que declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional y que puso bajo las órdenes del Gobierno a todos los niveles de la administración ha hecho aflorar algunas grietas que el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, trató ayer, en vísperas del segundo encuentro que se celebrará mañana a las 10:00 horas, de empastar.

En lo puramente declarativo, la unidad y las promesas de plena colaboración siguen siendo la nota dominante. El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró ayer tras un encuentro preparatorio con los dirigentes de su partido al frente de distintas autonomías – el andaluz, Juan Manuel Moreno; el gallego, Alberto Núñez Feijóo; el castellano y leonés, Alfonso Fernández-Mañueco; el murciano, Fernando López Miras; la madrileña, Isabel Díaz Ayuso y el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda- que todos ellos mantienen su «lealtad institucional» y su respaldo a las medidas adoptadas. Sin embargo, los reproches a cuenta del reparto de los equipos de protección para el personal sanitario lleva días siendo una constante.

La escasez de mascarillas y equipos de protección en los hospitales centra los reproches

El jueves, Díaz Ayuso ya criticó al Ejecutivo de Sánchez por la retención de «material de todo tipo» en las aduanas. «El más preocupante -dijo- el que nos sirve para convertir las camas en camas UCI con respiradores». Una acusación similar llegó desde Cataluña y desde Andalucía. Ayer a ellas se unió también Galicia. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las más afectadas por la pandemia -tiene 7.165 de los casi 20.000 casos de COVID-19 confirmados ayer y en ella se han producido 628 de las 1.141 muertes conocidas- volvió a la carga.

Nuevo criterio

Illa había replicado el día anterior que en esa misma jornada se habían distribuido en Madrid 324.000 mascarillas. Díaz Ayuso aseguró en una entrevista en Antena 3 que en las últimas 48 horas solo les habían llegado a la capital 52.000 mascarillas, cuando el Hospital de La Paz consume él solo 36.000. «Nosotros hemos estipulado que necesitamos 13 millones para estos próximos 20 días», añadió.

La dirigente madrileña adujo además que la decisión del Gobierno de centralizar las compras ha acabado produciendo un «cuello de botella» y reclamó que se permita a las autonomías seguir accediendo directamente a los proveedores como hasta ahora. Unas horas después, el ministro de Sanidad, en tono conciliador, daba a entender en una comparecencia desde la Moncloa que aceptaba la propuesta. «Desde el primer momento hemos reconocido el papel de las autonomías y lo que estamos haciendo es reforzarlo movilizando todos los recursos de Estado, que son muchos, para adquirir productos que son difíciles de adquirir puesto que se necesitan en todo el mundo», apuntó. También subrayó que el Gobierno ha repartido ya 1,5 millones de equipos de protección, pero donde más falta hacían. «Porque España es un país solidario y hay que garantizar la cohesión y equidad», dijo.

Su vía libre a la petición de Ayuso, sin embargo, se topó luego con otra crítica de Casado. «No entendemos cómo hoy a media mañana se ha dicho, después de varios días diciendo lo contrario, que el Gobierno va a complementar las compras que hagan las comunidades; no es de recibo. Si hay un mando único con todos los poderes es para centralizar las compras, para hacerlo eficazmente y para que llegue a los hospitales», argumentó. El líder del PP también exigió que se expliquen los criterios objetivos de distribución. «Hay plena confianza en que se está haciendo correctamente -añadió- pero por favor, que los conozcamos».

Las comunidades gobernadas por los populares, en todo caso, no son las únicas con las que el Gobierno ha tenido que templar gaitas. Al margen del choque con el presidente de la Generalitat, Quim Torra -a cuyas declaraciones el Gobierno da otra entidad distinta- también ayer rectificó la decisión de enviar al Ejército al País Vasco para, entre otras cosas, montar un hospital de campaña después de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, recibiera la idea con un tajante. «No hay previsión de que esa medida sea necesaria».

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