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El JEMAD afirma que tiene que confirmar «si es cierto» la presencia de ancianos muertos en residencias

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, ha confirmado este martes que los efectivos de la Unión Militar de Emergencias (UME) han encontrado fallecidos en sus camas al entrar en alguna residencia de mayores para proceder a su desinfección. Sin embargo, ha evitado detallar cuántos casos o dónde ha sucedido alegando que la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía.

«Ha habido unos casos, no sé las razones, pero tengo que confirmar que eso es cierto, se han encontrado personas fallecidas en algunas residencias«, ha reconocido el JEMAD en la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa.

Sin embargo, el general Villarroya ha querido también expresar su «mayor reconocimiento y agradecimiento» a los trabajadores de esas residencias de mayores y ha avanzado que hoy tenían previsto visitar otros 92 centros en todo el país.

El general Villarroya, mando único de la ‘operación Balmis’ que lucha contra la propagación del coronavirus, ha sorprendido con la aseveración de que tiene que confirmar «si es cierto» después de que ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, desvelara en un programa de televisión que la UME se había encontrado con ancianos «abandonados, cuando no muertos en sus camas», durante las visitas realizadas el pasado fin de semana para desinfectar estos centros. También declaró que iban a ser «implacables» contra los gestores de las residencias y que caería «todo el peso de la ley» sobre ellos.

Comunicación inmediata

Una información que provocó que la Fiscalía General del Estado ordenara ayer a media tarde la apertura de diligencias de investigación para conocer los extremos de estos hechos y la posible responsabilidad penal que pudiera derivarse.

En el plano normativo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge hoy que las residencias de mayores deben comunicar de inmediato a las consejerías de Sanidad de sus comunidades y a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno si no pueden gestionar adecuadamente la conservación y retirada de cadáveres por la acumulación o ausencia de servicios funerarios disponibles.

Así se establece en una orden del Ministerio de Sanidad, que entra en vigor hoy mismo y que permite a las comunidades autónomas intervenir los centros residenciales de mayores, públicos y privadas, en función de su situación epidémica y asistencial.

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