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Los jueces rechazan excarcelar por el coronavirus a los presos por corrupción

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, interviene en una vista de la Audiencia Nacional por videoconferencia.El extesorero del PP, Luis Bárcenas, interviene en una vista de la Audiencia Nacional por videoconferencia.ISMAEL HERRERO / EFE

La expansión del coronavirus ha puesto en una nueva encrucijada a los tribunales españoles, que empiezan a recibir peticiones de excarcelación de reclusos que alegan los riesgos que esta pandemia supone para su salud si continúan en prisión. La Audiencia Nacional ya ha afrontado las solicitudes de conocidos imputados en prisión preventiva, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado de ser el cabecilla de una macrotrama de corrupción policial; y de condenados como Luis Bárcenas, extesorero del PP, y su compañero de partido, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, ambos sentenciados en el caso Gürtel. Hasta ahora ha rechazado todas. Una juez de Sevilla si ha admitido excarcelar a presos por el coronavirus.

“Al analizar cada caso, habrá que acudir en primer lugar al auto de prisión provisional y mirar qué causas existían para decretar el ingreso en prisión. Y si, por tanto, siguen existiendo”, explica Carlos Viader, juez de lo Penal en Melilla y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). La legislación solo contempla tres razones: riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. La primera de ellas, por ejemplo, fue la argumentada por la Audiencia Nacional para enviar a la cárcel a Bárcenas, quien solicitó su salida ante el avance de la enfermedad. Sin embargo, en la prisión de Soto del Real (Madrid), donde está recluido, no se declaró hasta este viernes el primer caso de un interno infectado por coronavirus. Se trata de un preso recién llegado al centro y que estaba en aislamiento preventivo desde entonces. Además, un funcionario ha sido diagnosticado con la enfermedad.

Condenado a 33 de años y cuatro meses —sentencia que aún no es firme, pues el Tribunal Supremo debe resolver los recursos—, el extesorero del PP planteó dos argumentos al tribunal: que el riesgo de fuga decae debido a las restricciones a los movimientos impuestas en el estado de alarma y que, además, tiene más posibilidades de contagiarse en la cárcel. Dos puntos que los jueces han rechazado, según avanzó la agencia Efe. “Es cierto que la situación actual limita tus movimientos, pero puedes aprovechar para esconderte dentro de España. O tener capacidad económica suficiente o una red de contactos que te permita huir”, añade Viader. En este sentido, precisamente, el auto que decretó el ingreso en prisión de Bárcenas subrayaba que parte del dinero robado no había sido localizado.

La misma tesis que el extesorero han puesto sobre la mesa otros dos condenados por Gürtel: López Viejo—sentenciado a 31 años y nueve meses— y Antonio Villaverde —testaferro de la trama y con una pena de ocho años y dos meses—. Pero, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, que se opone a la puesta en libertad de estos sentenciados, la Audiencia Nacional ha denegado este viernes la excarcelación al primero: “Se han adoptado diversas medidas de reducción del riesgo para la salud de los internos [en los centros penitenciarios]”, detallan los jueces, que también niegan que se haya reducido el riesgo de fuga con el decreto de alarma: “El cierre de fronteras establecido se refiere únicamente a las terrestres (no a las aéreas) y tiene una limitación temporal, sin perjuicio de sus eventuales prórrogas”, destacan los magistrados en su auto.

Sin embargo, ya ha habido una juez que sí ha valorado las consecuencias del coronavirus como factor clave para decretar la puesta en libertad. Se trata de la magistrada Pilar Ordóñez, titular del Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla, quien el pasado 17 de marzo dictó un auto en el que decretaba la salida de prisión de José Marín Ponce y su hijo Sandro Marín, los dos principales implicados en el caso Magrudis, la empresa que causó en 2019 el mayor brote de listeriosis de España. Según argumentó en su escrito, el riesgo de fuga había “disminuido” debido a la declaración del estado de alarma, que “limita la libertad de circulación”, según apostilló. Una tesis que rechaza, en cambio, la asociación de consumidores Facua, personada como acusación. El colectivo, que ha presentado un recurso, considera que se sobredimensiona la limitación que implica esta situación excepcional y que los imputados podrían superar este impedimento en el caso de querer fugarse: “El estado de alarma podría asemejarse a la retirada del pasaporte, en cuanto a que el investigado ha de superar especiales dificultades para su sustracción ante la Justicia”. En la prisión en la que estaban recluidos los dueños de Magrudis, Sevilla I, ningún recluso ha dado aún positivo por coronavirus, aunque sí cuatro funcionarios, según el último recuento oficial de Instituciones Penitenciarias.

El ‘caso Villarejo’

Otro de los casos es el del comisario Villarejo. Cuando el policía jubilado solicitó el 17 de marzo su excarcelación por el riesgo de contraer el coronavirus, la cárcel de Estremera (Madrid) llevaba ya una semana sometida a severas restricciones de movimientos, como la prohibición de los presos de recibir visitas y disfrutar de permisos. Entonces no se había registrado ningún positivo entre los internos y funcionarios que los custodian. Sin embargo, la situación ha cambiado. La cárcel registró la primera muerte por coronavirus el pasado 20 de marzo, el mismo día en el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón rechazaba su puesta en libertad —decisión que su abogado recurrirá, según ha afirmado—. Una reclusa de 78 años y con patologías previas falleció tras sufrir una crisis respiratoria y ser trasladada al Hospital de la localidad de Arganda.

Desde entonces, otros cuatro internos de la misma cárcel han dado positivo. Uno de ellos, en el módulo de Villarejo, el número 16, destinado a reclusos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tras estos positivos, la dirección de la prisión emitió una orden interna, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, con la que aplicaba estrictas medidas sanitarias para evitar la expansión de la enfermedad. Así, además de clausurar hasta que sea desinfectada la celda número 25, en la que dormía el preso diagnosticado, ha suprimido a los reos de este módulo todas las horas de patio y se les ha dotado de mascarilla quirúrgica que deberán utilizar “cuando deban salir de su celda” o entrar en contacto con un funcionario. También deben comer dentro de la celda. Otro módulo de la prisión, el polivalente 3, donde están encerrados los internos que estudian a distancia en la universidad, también ha sido aislado con medidas similares. En total, cerca de 120 reclusos están en cuarentena en este centro, además de una quincena de funcionarios de prisiones, según fuentes sindicales.

Hasta ahora, en las prisiones dependientes de Interior —donde trabajan 24.000 funcionarios y hay 50.800 presos— tienen contabilizados seis reos enfermos, además de la interna fallecida. También han dado positivo por coronavirus 65 funcionarios de prisiones, uno de los cuales permanece ingresado en una UCI hospitalaria. Otros 870 trabajadores y cerca de 150 internos están en observación o cuarentena, según el recuento oficial, aunque fuentes sindicales elevan estas dos últimas cifra a más del doble. En las cárceles catalanas, gestionadas por la Generalitat y donde permanecen 8.500 presos, hay cinco internos con coronavirus y otros 36 “en estudio”.

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