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El Gobierno concede una moratoria y algunas empresas podrán abrir este lunes 30 de marzo

Pedro Sánchez se tuvo que emplear este domingo a fondo para tratar de atemperar el temor causado en el ámbito económico, y también en algunas comunidades autónomas como la vasca tras su anuncio la noche anterior de que se obligaría a todos los trabajadores de actividades «no esenciales» a quedarse en casa entre este lunes, 30 de marzo, y el 9 de abril próximo para reducir aún más la libre circulación de personas y ayudar a contener la expansión del COVID-19. Pero el hecho de que pasadas las 23:00 horas aún no se hubiera publicado en el BOE_el decreto aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario, convocado por sorpresa el sábado, solo contribuyó a acrecentar durante horas el desconcierto.

      Finalmente, poco antes de la medianoche y dando como fecha de su entrada en vigor la del propio domingo, el texto vio la luz. Ya hacía horas que extraoficialmente se había dado a conocer un borrador que apuntaba a que las personas afectadas serían menos de las que se habrían visto obligadas a parar en caso de un cierre absoluto de la industria y los servicios y que, como había anticipado Sánchez el sábado, se considerarían esenciales todas las actividades a las que se permitió el funcionamiento en el decreto del 15 de marzo. Pero no fue así y la ‘letra pequeña’ contenía cambios.

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      La versión definitiva del decreto deja fuera, por ejemplo, a las industrias electrointensivas, la siderurgia, los altos hornos y la minería. Pasaría lo mismo, a priori, con la producción de suministro de servicios de calefacción o aire acondicionado de forma centralizada para múltiples centros de consumo -aunque no se especifica-. Sí seguirán trabajando las empleadas del hogar y cuidadoras, repartidores a domicilio y personal de empresas de seguridad privada, entre otros.

      Como ligera concesión, el Ejecutivo decidió incluir una suerte de moratoria de un día para «aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad empresarial», de modo que se les permitirá prestar servicios a lo largo del día de este lunes 30 de marzo. Eso sí, «con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles» para que pasados los 15 días de parón se pueda reanudar la actividad empresarial sin un perjuicio «irremediable o desproporcionado».

      Esa fue una de las peticiones que habían puesto encima de la mesa algunos presidentes autonómicos con los que Sánchez mantuvo este domingo una nueva videoconferencia, la tercera desde que comenzó la crisis del coronavirus. En concreto, insistió en este punto, según fuentes del encuentro, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, junto con el ‘lehendakari’, Iñigo Urkullu, uno de los más inquietos con la nueva medida del Gobierno que, en cambio, contó con el aplauso del catalán, Quim Torra, o el murciano, Fernando López Miras. Incluso el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una rueda de prensa extraordinaria en el Palau solicitó «flexibilidad exigente» para las industrias valencianas que no pueden «parar de un día para otro».

Ximo Puig pide «flexibilidad exigente» para las industrias valencianas que no pueden «parar de un día para otro»

     

«No se cierra nada»

     

     En ese encuentro virtual, el presidente del Gobierno trató de minimizar el impacto económico de su decisión. «Aquí -defendió, según alguno de los presentes- no se cierra nada, ninguna actividad económica; lo que hacemos es anticipar unos días los niveles de producción de la Semana Santa».

      El jefe del Ejecutivo, que hasta el mismo viernes se mantenía en no implementar, al menos por ahora, medidas más restrictivas de las ya tomadas, pidió además comprensión. «Para mí no es fácil tomar esta decisión -dijo-, pero honestamente no vemos otra para doblegar ya de una vez por todas esta pandemia».

      Tanto él como la ministra portavoz, María Jesús Montero, -que compareció en la Moncloa al término del Consejo de Ministros extraordinario, hacia las 15:00 horas- insistieron en que fueron los expertos del Comité Científico y el Comité de Gestión Técnico del coronavirus los que recomendaron el sábado dar una vuelta más de tuerca para conseguir que, en los próximos 15 días considerados clave, la movilidad de los ciudadanos caiga a los niveles registrados el pasado fin de semana.

      De esa manera, confían en ralentizar aún más el ritmo de contagio del COVID-19 y evitar el colapso de las UCI, que en comunidades como Madrid o Cataluña se encuentran ya al límite. La ministra aseguró, en todo caso, que la nueva medida no corresponde a que este fin de semana se haya producido «una situación de alarma añadida» en lo sanitario.

     

Economía «en hibernación»

     

     

     Sánchez y Montero, cada uno con un lenguaje, también subrayaron que siguen considerando fundamental que la industria no pare en seco. La ministra habló de una economía «en hibernación» y el presidente del Gobierno remarcó, para aquellos que aún creen que se podría haber ido más lejos, que «hay que mantener un mínimo de pulsión económica para cuando venga la recuperación». «Tomaremos medidas para que cuando todo esto pase podamos resucitar y reconstruir nuestro modelo productivo. El sector empresarial sabe la gran capacidad de liquidez que hemos puesto en marcha para ellos, con un riesgo del 80% avalado por el Estado», añadió, además, la titular de Hacienda.

      En la rueda de prensa en la Moncloa también participó la ministra de Trabajo, Yolanda Diaz (una de las representantes de Unidas Podemos en el gabinete de Sánchez). Junto a la portavoz, explicó que aquellos empleados que ya desempeñen su trabajo de manera telemática como consecuencia del estado de alarma decretado hace dos semanas permanecerán exactamente igual. Dicho de otro modo, que no se podrán acoger al permiso remunerado que, de manera forzosa, habrán de tomarse aquellos que todavía salían hasta ahora de sus casas para desempeñar su profesión. Un permiso con el que después tendrán que compensar a sus empresas con horas de trabajo hasta el 31 de diciembre del modo en el que se negocie.

      Su actitud hacia los empresarios no fue tan conciliadora, sin embargo, como la de la ministra socialista y, a modo de aviso para lo que después vendría, apuntó: «No vamos a aceptar presiones de ningún tipo. Estamos defendiendo el interés general y no hay mejor manera de defenderlo que cumplir con este mandato».

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