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Torrent anuncia medidas legales por espionaje y exige al Gobierno depurar responsabilidades

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha instado esta mañana al Gobierno central a que investigue y depure responsabilidades sobre el caso de espionaje que afecta al dirigente independentista y a otros líderes secesionistas, como Anna Gabriel (CUP) y Jordi Domingo (ANC). «¿Qué opina el Gobierno de este caso de espionaje político», ha cuestionado en una comparecencia sin preguntas desde el Parlamento autonómico. A su juicio, si tenía conocimiento de los hechos, el Ejecutivo socialista fue cómplice de un delito, pero si no lo sabía, incurrió a su entender en una grave «negligencia» de una «gravedad extraordinaria».

Torrent ha confirmado que fue víctima de un programa informático insertado en el teléfono móvil, que bajo el nombre de Pegasus fue desarrollado por la compañía israelí NSO y que solo se vende a Gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo.

Según El País y The Guardian, el teléfono de Torrent fue atacado con Pegasus entre abril y mayo de 2019. El programa de espionaje permite escuchar conversaciones, leer mensajes, acceder al disco duro, hacer capturas de pantalla, revisar el historial de navegación y activar por control remoto la cámara y el micrófono de los dispositivos. «No podemos normalizar que se espíe a la disidencia política», ha afirmado.

Torrent se ha presentado como víctima de la «causa general» contra el independentismo, que según el dirigente de ERC, llevó a prisión a su antecesora en el cargo, Carme Forcadell, y el resto de condenados por el caso 1-O. El presidente del Parlament se ha comprometido a llegar hasta el final, ya sea desde el punto de vista político, como legal, y se ha conjurado para que este caso sirva para acabar con la «guerra sucia» que su juicio se ha puesto en marcha contra el independentismo y que «degrada» la democracia» en el Estado español.

Torrent ha recordado que este programa informático es utilizado por los Gobiernos para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero hay estados que los emplean de forma ilegal, ha apuntado, como es el caso de Marruecos, Arabía Saudí, México y España. Por primera vez se acredita, ha dicho, que en España se practica el espionaje contra adversarios políticos y se «evidencia» que hay una causa general contra el independentismo.

ERC ya ha reclamado explicaciones al ministro del Interior y su comparecencia en el Congreso para dar cuenta del caso Torrent.

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