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Marzà cree que la causa contra Trenzano se archivará y discrepa del criterio del juez

El conseller de Educación, Vicent Marzà, confía más en los fiscales que en los jueces cuando se trata de los asuntos que competen a su director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano. El ministerio público considera que el número dos de Marzà en Educación no cometió el delito de falsedad del que le acusa el PP en relación con las ayudas concedidas a Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat. La fiscalía apoya a la defensa de Trenzano y cree que el asunto no debería ir a juicio. Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia lo ve de un modo muy distinto, y esta semana ha ratificado el procesamiento del alto cargo, además de recordar que «faltó conscientemente a la verdad en el relato de los hechos» y que las subvenciones se concedieron sin el control completo del que la conselleria hizo gala ante las dudas del PP. Marzà apoya firmemente la tesis del fiscal y discrepa del criterio del juez instructor, que de continuar adelante con el procesamiento obligará a que Trenzano afronte un juicio, posiblemente ya dimitido del cargo de confianza en el que le situó Marzà. De ahí que el conseller apoyase ayer las tesis de la fiscalía y se mostrase convencido de que el caso se archivará. En las próximas semanas se verá si sus deseos se cumplen o si tiene que cesar a Trenzano antes de que se siente en el banquillo acusado de delito de falsedad documental.

El conseller aseguró sentirse «tranquilo» ante la amenaza de procesamiento del director general de Política Lingüística. Tal y como adelantó el miércoles LAS PROVINCIAS, el juzgado ha rechazado al recurso presentado por Trenzano contra su procesamiento por ayudas al valenciano otorgadas a dos empresas vinculadas a Francis Puig. «Lo que ha pasado se ha hecho con criterios jurídicos, con técnicos de la Administración que han elaborado cuestiones y tramitaciones de control y han declarado ante el juez que se ha hecho todo lo que se debía hacer», indicó Marzà, si bien el juez en su auto recuerda que Trenzano sabía perfectamente lo que estaba firmando cuando lo hizo, una rúbrica que le ha costado enfrentarse a la petición del PP de una pena de seis años de cárcel.

Marzà afirmó que están «seguros» de que «cuando llegue el momento oportuno, se archivará la causa como ha ocurrido en otras ocasiones. Estamos tranquilos y cuanto antes pueda acabar la situación, mucho mejor». Marzà recordó la posición de la fiscalía, y que Trenzano todavía tienen el derecho de apelar la resolución del juez ante la Audiencia de Valencia. «Estamos seguros de que es una cuestión que no irá más allá, tal y como defiende la fiscalía de forma contundente diciendo que no hay cuestión constitutiva de delito», insistió Marzà, que no aclaró por qué da por bueno el criterio del ministerio fiscal y no el del juez, que emitió un durísimo auto de desestimación del recurso con unos criterios «que no compartimos», indicó Marzà, que no quiso abordar un escenario de juicio para su alto cargo: «Ahora es momento de que Trenzano tome las medidas oportunas, en este caso apelar a la Audiencia para que el caso sea archivado».

El conseller descargó la responsabilidad de la tramitación investigada en los técnicos y en criterios jurídicos

La clave está en el documento firmado por Trenzano el 6 de abril de 2018, «donde reside la falsedad con trascendencia penal». El 27 de febrero, la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, presentó un escrito para conocer si se habían revisado las ayudas. El director de Política Lingüística desestimó la petición de la diputada popular para que se fiscalizaran las ayudas recibidas por Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions porque las productoras de Francis Puig habían presentado la justificación de los gastos y que la Generalitat había ejecutado las operaciones de control y que no se había detectado ningún indicio que hiciera dudar de la veracidad y que no había evidencias de que se hubiera cometido algún tipo de irregularidad con las subvenciones recibidas por Francis Puig. Sin embargo, el juez instructor considera que no había plan de control, por lo que era imposible la supervisión a la que se refería Trenzano en su respuesta a Ortiz.

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