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La Generalitat dispone de 143 inmuebles «sin uso ni explotación»

La Inspección General de Servicios (IGS), departamento dependiente de la Dirección General de Planificación Estratégica, Calidad y Modernización de la Administración Pública valenciana, ha elaborado un estudio de la gestión del patrimonio inmobiliario de la Generalitat. La IGS, dependiente de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo ha concluido que el Gobierno valenciano apenas es capaz de hacer un seguimiento de sus propios bienes, sus inmuebles, ni de sus contratos patrimoniales o de los alquileres en los que es arrendador.

Los inspectores concluyen que el aprovechamiento de los inmuebles de titularidad autonómica es muy mejorable. Sobre muchos de esos edificios e instalaciones no se hace un seguimiento y respecto a otros se ceden sin hacer un seguimiento de que sus inquilinos cumplen los requisitos legales para ocuparlos. Igualmente, el informe señala que no hay una actualización permanente de la información sobre el grado de uso de los edificios administrativos.

Se carecen de estudios del parque inmobiliario de edificios administrativos, se desconoce el modo en que están ocupados ni se planifica las necesidades de nuevos espacios. La Generalitat dispone de más de un centenar de inmuebles sin oficio ni beneficio.

En tiempos de pandemia, con la falta de medios físicos para que los trabajadores de la Generalitat trabajen respetando distancias de seguridad, hubiera sido muy recomendable contar con todo ese espacio. Se habrían corrido menos riesgos y se habría ganado tiempo. Y lo mismo se puede decir a la hora de poner en marcha proyectos o nuevas entidades. Como ejemplo, la Agencia Antifraude empezó su actividad instalada en una pequeña sala sobrante en el Palau dels Borja, sede de Les Corts, y acabó en un edificio alquilado por 10.000 euros mensuales a la empresa de Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe. El director de la agencia, Joan Llinares, siempre ha alegado que la Generalitat no le ofreció ninguna solución medianamente solvente en cuanto a un espacio para aposentarse. «Se deben adoptar medidas para reducir el número de inmuebles patrimoniales ociosos, esto es, sin uso ni explotación: en dicha situación habría 143 inmuebles patrimoniales», señala textualmente el informe de la IGS al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.

La competencia para la gestión de estos inmuebles es de la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler. Desde hace años, y más a partir de la creación de la Conselleria de Vivienda, el Gobierno valenciano lanza mensajes sobre la necesidad de aprovechar las viviendas vacías para solucionar la falta de pisos para los colectivos que precisan de soluciones habitacionales. Sin embargo, el propio Ejecutivo tiene serios problemas para gestionar sus propios inmuebles, decenas de ellos vacíos o en desuso.

El informe de la IGS recomienda valorar que se adopte una regulación para organizar la optimización del patrimonio de la Generalitat «que podría incluir la creación de un órgano interdepartamental que sirviese al mismo tiempo de foro de coordinación y de adopción de compromisos necesarios para la optimización con una implicación de las consellerias«.

Además de sugerir a los miembros del Gobierno valenciano que se coordinen para saber qué tienen en sus manos y cómo aprovecharlo mejor, los inspectores autores del estudio también consideran necesario «crear un servicio de optimización y dinamización del patrimonio de la Generalitat, tanto de los edificios administrativos como de los bienes patrimoniales sin uso«. La IGS señala que la Dirección General de Patrimonio va a solicitar la ampliación de su estructura para intentar paliar tanta falta de uso y explotación.

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