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Escrivá convocará a patronal y sindicatos en septiembre para abrir el diálogo social sobre las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha citado por carta a los sindicatos y a la patronal para abrir la mesa de diálogo social sobre las pensiones el próximo mes de septiembre, que discurriría en paralelo al desarrollo de los trabajos de la comisión del Pacto de Toledo. En la misiva que han recibido los secretarios generales de Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme no se realiza una citación oficial para una fecha concreta, sino que se muestra «la voluntad», según fuentes sindicales, de reunir al diálogo social en torno a la cuestión de las pensiones y buscar su consenso al tiempo que se logra el político en el Congreso de los Diputados, ya que alcanzar «un gran pacto de Estado sobre las pensiones» es uno de los objetivos de la legislatura.

Aunque es posible que en estos momentos la misión en que se ha embarcado el departamento de Escrivá no es alcanzar el acuerdo a lo largo de la legislatura, sino antes de que termine este año.

Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, manifiesta que la convocatoria de la mesa de diálogo social este mismo mes de septiembre acompañará a un periodo más corto de lo habitual de comparecencias en el Pacto de Toledo. Éste interpretaría como trabajo ya adelantado las recomendaciones sobre el futuro del sistema de pensiones con que concluyeron en febrero de 2019 sus sesiones tras dos años de trabajos, aunque con el desacuerdo de Unidas Podemos y del Partido Popular.

Barrera añade que con la convocatoria a los agentes sociales en paralelo a la comisión parlamentaria se retoman los usos y costumbres respecto a las pensiones que se rompieron con la reforma del año 2013. Ésta introdujo el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad, con Mariano Rajoy en el Gobierno. «Siempre ha sido así, las recomendaciones del Pacto de Toledo van al diálogo social, que es donde se produce el acuerdo», afirma Barrera.

El déficit de la Seguridad Social, en el punto de mira

Escrivá convoca la mesa de diálogo social sobre las pensiones para recoger las iniciativas, recomendaciones y sugerencias de patronal y sindicatos. Por parte de los sindicatos, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, manifiesta que es necesario resolver de manera estructural la sostenibilidad de las pensiones y que, dado que éstas son derechos subjetivos, el Estado las ha de garantizar con mecanismos de financiación presupuestaria estables, es decir, con transferencias presupuestarias a la Seguridad Social, no con préstamos. De esta manera, no se trasladaría la «apariencia de insostenibilidad permanente» del sistema. De facto, dice Bravo, esto ya ocurre, puesto que los créditos periódicos que el Tesoro da a la Seguridad Social son a tipo cero y la devolución del principal se prorroga indefinidamente.

Desde UGT, Barrera considera que la prioridad pasa por abordar el déficit de la Seguridad Social e insiste en que hay que abolir la reforma de las pensiones del año 2013, puesto que, en la práctica, se traduce en una merma de las pensiones que «no llevaría al equilibrio» al sistema «sino a su degradación por la bajada de su poder adquisitivo», lo que económicamente, afirma, tendría un efecto negativo, porque retraería el consumo. Asimismo, Barrera señala que existe un «déficit irreal» en la Seguridad Social, que se deriva de los gastos que asume y que no le corresponderían, como el de su propio funcionamiento (el de otros ministerios corre a cargo de los presupuestos generales del Estado), las políticas activas de empleo o los sistemas especiales, como el agrario o el marino.

El ministro Escrivá ya manifestó en una de sus últimas comparecencias en el Congreso de los Diputados que el borrador de recomendaciones del Pacto de Toledo de 2019 «es un magnífico punto de partida para desarrollar el modelo de pensiones del futuro». En esa intervención en la Cámara, Escrivá afirmó que «el problema de financiación en el corto plazo es más aparente que real» y que existe un «déficit contable -no económico» en el sistema, debido a que la Seguridad Social soporta una pesa carga que no le corresponde y que pasa tanto por gastos impropios como la merma de ingresos, en la línea de lo manifestado por Barrera.

Mientras, con vistas al largo plazo, Escrivá calificó de «manejables» los retos, aunque haciendo uso de «los instrumentos adecuados». Mencionaba, por ejemplo, la utilización de incentivos positivos que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la legal, en la línea de una de las recomendaciones del Pacto de Toledo: «La prolongación de la vida profesional constituye una necesaria respuesta al alargamiento de la esperanza de vida a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo». Y, para ello, enumeró medidas como los incentivos a la demora en la jubilación y desincentivos a las jubilaciones anticipadas. Otra de las teclas que Escriva propuso tocar fue el fomento de los planes de empleo desplazando hacia ellos la fiscalidad favorable con que ahora cuentan los planes individuales. Y, al tiempo, Escrivá ponía de relieve el consenso existente respecto a que las pensiones mantengan su poder adquisitivo.

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