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Okupas con alarma y wifi

La ocupación de lujo se ha asentado en Calicanto, una urbanización que comparten Chiva y Torrent, y donde los vecinos han contabilizado cerca de una decena de chalés con inquilinos ilegales que provocan problemas de convivencia. Cinco de ellas se concentran en una sola calle, donde simplemente con las vistas que se divisan desde allí se entiende a la perfección porque han llegado para quedarse.

Chalés separados en parcelas con jardín a su alrededor y donde lo que pasa dentro es difícil que sobrepase sus límites. Los okupas han encontrado aquí un paraíso donde podrían pasar desapercibidos sino fuera porque los vecinos se conocen todos y hasta hace unos meses la convivencia era muy tranquila.

Con su llegada, los residentes afirman sentirse «atemorizados». «No han habido enfrentamientos pero cuando nos cruzamos con ellos intentamos aguantar la compostura para evitar provocaciones«, explican. Ninguno de los vecinos quiere dar su nombre para evitar represalias, »cualquier día puede que la emprendan con los coches que tenemos aparcados en la calle«, comentan y aseguran que «tienen conductas extrañas». «Cada dos o tres días entran varios coches y salen a la media hora como si hubieran ido a cargar algo».

Los residentes sacan sus propias conclusiones, «no son gente que haya ocupado por necesidad. Tienen coches de alta gama con los que podrían pagarse el alquiler de cinco o seis meses, y antena de wifi«. No es extraño que con las características de las viviendas, con acabados de lujo y una parcela con jardín, se haya creado un »efecto llamada« desde hace medio año, como denuncia el colectivo vecinal.

La existencia de mas de una treintena de casas abandonadas de un residencial fallido al otro lado de la calle, tampoco ayuda. Al revés, «les hemos visto entrar en los inmuebles pasando de uno a otro y llevarse el calentador, los pomos de las puertas o el aluminio de las ventanas, las van desvalijando poco a poco«, relatan. Además, »parece que las utilicen para guardar de todo« y eso »provoca problemas de insalubridad«.

Fogatas

Una de las vecinas explica que «suelen hacer fogatas en la parcela y sale un humo muy negro. He tenido que llamar muchas veces a la policía» y apunta que posiblemente sea para quemar el plástico de los cables de cobre. Pero incluso los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad «ya no acuden a nuestras llamadas». «Cuando les dices el nombre de la calle no te hacen caso porque el problema se ha enquistado y ya saben lo que hay» añade.

Todo esto repercute en el valor de las viviendas cuyo precio medio en esta zona se sitúa en torno a los 350.000 euros. Uno de los chalés que linda con los okupas está a la venta y el que le sigue se alquila para fiestas. «Es normal, nadie quiere vivir a su lado», señala un portavoz del movimiento vecinal que ha organizado una manifestación hoy.

Impotencia

El problema de la ocupación lo conoce muy bien un matrimonio cuya vivienda está ubicada en la parte de San Miguel, en Calicanto. Ellos sufrieron en sus propias carnes la «impotencia» de ver como se instalaban en su casa una pareja con un niño y cambiaban las cerraduras el pasado 18 de mayo. «Fue un impotencia terrible cuando traté de entrar en mi casa y la propia Guardia Civil me dijo que no podía y que me apartara para dejarlos pasar«, comenta el hombre, »encima decían que iban a pasar el veranito allí«.

La desfachatez llegó hasta tal punto que instalaron una alarma y red wifi en el chalé. La convivencia en el barrio se fue haciendo insoportable con amenazas «muy graves» a los vecinos que vigilaban sus movimientos, mientras el matrimonio iniciaba un proceso penal y otro civil para que los desalojaran con pocas esperanzas de conseguirlo porque la ley no ampara al propietario. «Tienes que luchar a dos bandas, contra los okupas y contra la justicia», señalan.

Un grupo de residentes se manifiesta hoy para reclamar mayor seguridad frente a este tipo de situaciones ilegales  

La situación les ha ocasionado perjuicios tanto económicos como emocionales pero, finalmente, y pudieron recuperar su vivienda. «Vimos que no volvían y, como nos recomendaron en el juzgado de Requena, entramos, cambiamos las cerraduras y retiramos las denuncias. Hemos tenido suerte», comentan.

Les dejaron un pufo en la factura de la luz y varios muebles y enseres pero han recuperado la propiedad que ya cuenta con alarma. «Después volvieron una vez más, entraron y se llevaron algunas cosas que se habían dejado, pero el problema ya se ha acabado», concluyen.

Desalojo exprés

Desde el Ayuntamiento de Chiva, su alcalde, Emilio Morales, asegura que solo hay siete casos de ocupación constatados, frente a los 11 que señalan los vecinos. «Con una población de 15.000 habitantes, 20 urbanizaciones y el casco urbano la cifra no es tan preocupante».

El Ayuntamiento de Chiva confirma siete casos en el municipio y localiza las zonas sensibles para estar en alerta  

No obstante, el tema centró la última reunión de la Junta de Seguridad. «Nosotros tenemos la competencia cuando se trata de la primera vivienda y la Policía Local está en contacto con los juzgados para autorizar el desalojo exprés, antes de la modificación de la ley», explica y comenta que , aunque días después volvieron a entrar. Los agentes actúan como mediadores y «estamos pendientes de cualquier aviso en zonas concretas ya localizadas para actúa con celeridad», añade.

La oleada se extiende a Alzira y la policía frustra tres usurpaciones

La colaboración ciudadana ha sido esencial para que la Policía Local de Alzira haya conseguido evitar tres ocupaciones, en diferentes puntos de la ciudad, durante las últimas dos semanas. La primera de ellas fue en la calle Olivera donde los vecinos alertaron al oír ruidos en la casa colindante. Los agentes encontraron la puerta forzada y en el interior un hombre y una mujer con herramientas por lo que fueron detenidos. Unos días después, la policía sorprendió a tres hombres encapuchados en una vivienda que había sido precintada en la calle Peris pero no pudieron ser arrestados. Por último, en la calle Trafalgar, y tras otro aviso de los vecinos, los agentes encontraron la puerta del balcón rota pero nadie en el interior.

Fiscalía, jueces y policías estrechan el cerco

La preocupación sobre las ocupaciones de viviendas, que se han disparado desde el inicio de la pandemia, ha ido creciendo en los últimos meses no sólo entre los ciudadanos sino también en los representantes del poder judicial y las fuerzas de seguridad del Estado que quieren poner cerco a estas actuaciones. De hecho, ayer se reunió la Comisión Provincial de Policía Judicial de Valencia, que preside la presidenta de la Audiencia y en la que participan la Fiscalía, el juez decano de Valencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Durante el transcurso de este encuentro se acordó y aprobó por unanimidad de todos los presentes, una instrucción sobre las pautas de actuación policial en supuestos de ocupación ilegal de bienes inmuebles elaborada por el fiscal jefe provincial.

Estas medidas, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pasan por acelerar las diligencias e impulsar los desalojos de forma cautelar. Así, se establece que ante una denuncia por ocupación ilegal de un inmueble, los miembros de las Fuerzas de Seguridad practiquen las diligencias para determinar y dejar constancia de la titularidad de dicho inmueble, la oposición de ese titular a la ocupación mediante una denuncia o acta de manifestación y la falta de un título legítimo por parte del ocupante.

Además, si los agentes observan durante su actuación una posible situación de desamparo y/o vulnerabilidad de los ocupantes, o fueran menores de edad, también deberán hacerlo constar en las diligencias.

Tras la presentación de las diligencias policiales, la Fiscalía, en aplicación de la Instrucción de la Fiscalía General del Estado y el decreto dictado por el fiscal jefe de Valencia, valorará la posibilidad de solicitar el desalojo del inmueble como medida cautelar.

Petición de afectados

La nueva directriz es un gran avance y puede calmar los ánimos de miles de familias afectadas que ya, este verano y en pleno mes de agosto, se planteaban tomar medidas al vivir en sus propias carnes el hecho de desocupar una propiedad era un auténtico laberinto judicial.

Y es que hasta ahora, si los okupas no accedían a abandonar la vivienda por su propia voluntad era muy complicado obligarles a irse. Además, si alguno de los afectados lo denunciaba en los juzgados, el proceso podía prolongarse durante un año, al considerarse en la mayoría de los casos un delito civil,

A estas dificultades se sumaba la no asunción de la multa por parte de los usurpadores ilegales al declararse insolventes.

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