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La reiterada negativa de Marruecos impide investigar la muerte a tiros de dos jóvenes melillenses

Una manifestación convocada en Melilla por la muerte de los dos jóvenes melillenses.
Una manifestación convocada en Melilla por la muerte de los dos jóvenes melillenses. / Europa Press

La justicia se ha topado con una difícil puerta que abrir. Marruecos ha rechazado hasta en tres ocasiones la petición de colaborar con la investigación de la muerte de dos jóvenes melillenses que el 27 de octubre de 2013 fueron tiroteados desde una patrullera de la Marina marroquí cuando navegaban por sus aguas. Pese a las reiteradas solicitudes de las autoridades españolas, Rabat se excusa en que ya abrió unas pesquisas internas que archivó rápidamente y en que las intenciones de los magistrados españoles “pueden perjudicar su soberanía, su seguridad o su orden público”.

Así consta en un auto del Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional del pasado 18 de septiembre, que repasa la historia de un caso que provocó importantes movilizaciones en Melilla y cuyo entonces presidente, Juan José Imbroda (PP), calificó como “brutal asesinato”. “Las autoridades marroquíes han manifestado su rechazo a facilitar la información que le fue requerida en comisiones rogatorias que fueron remitidas”, escribe el magistrado José Luis Calama, que ha dictado este mes sendas órdenes de busca y captura internacional contra los tres militares marroquíes —un comandante y dos sargentos— que iban a bordo de la patrullera que ametralló a los melillenses Abdeslam Ahmed y Amin Mohamed, de 24 y 20 años.

La Audiencia Nacional detalla que, pese a la insistencia de la justicia española, que se ha dirigido al país vecino hasta en tres ocasiones (dos en 2014 y una en 2018), Marruecos se ha limitado hasta ahora a responder que ya abrió una investigación interna tras los hechos, a la que Fiscalía General del Tribunal Militar dio carpetazo en solo 46 días, según consta en su última contestación, fechada en octubre de 2019. Insisten, además, en que “no procederán a ejecutar las comisiones rogatorias” que se le hagan, como facilitar la declaración como imputados de los tres sospechosos.

Pese a ello, y a que la Fiscalía pide sobreseer el caso ante la inexistencia de “elementos suficientes que permitan dirigir el procedimiento contra persona alguna”, Calama considera que existen “indicios racionales de criminalidad”. Según un informe de la Gendarmería Real de Marruecos que se ha logrado incorporar al sumario, los hechos ocurrieron sobre las siete de la tarde del 27 de octubre, cuando la patrullera recibió el aviso de la presencia de la lancha neumática con los jóvenes, con matrícula y bandera española, cerca de Punta Negri. Los militares se dirigieron entonces hasta la zona y le dieron el alto. Pero, según el informe, que relaciona la zódiac con el “tráfico de drogas”, sus ocupantes no se detuvieron y se dieron a la fuga, por lo que primero dispararon al aire para tratar de disuadirlos y finalmente tirotearon la embarcación. El informe detalla que se hicieron 41 tiros que les “causaron inmediatamente la muerte”. La última bala se disparó a las 20.20 horas.

Los familiares de las víctimas siempre han puesto en duda la versión de Rabat, que en un primer momento dijo que los chicos trataron de chocar con la patrullera. Además, según explica el padre de uno de ellos, una segunda autopsia que se hizo en España reveló que les habían “pegado”. “Mi hijo tenía la cara llena de hematomas. Le pegaron dos tiros a bocajarro. Y [a su amigo] un tiro en el cuello. Después, los tiraron al agua, los quisieron hacer desaparecer”. “Fueron a pasar el fin de semana a Saidia [un resort en la costa marroquí]”, añade el progenitor, que detalla que contaban también con los permisos para nevegar en sus aguas. “En ningún momento, ni el Gobierno español ni el marroquí han dado explicación alguna ni han impulsado la investigación de los asesinatos”, apostilla el despacho de abogados Ilocad, que representa a los familiares.

“No contestan o invocan razones de soberanía”

Las trabas de Marruecos para impedir cualquier investigación espinosa no son una novedad. Otro ejemplo lo padeció el juzgado de Ceuta que llevó el caso Tarajal, la muerte en 2014 de 15 inmigrantes en la frontera de la ciudad autónoma cuando trataban de alcanzar la costa entre los disparos de pelotas de goma de la Guardia Civil. Los instructores solicitaron la cooperación del país vecino para que certificara los cadáveres que halló en su territorio y enviara las autopsias. Pero sus comisiones rogatorias fueron sistemáticamente obviadas. “Es bien sabido que Marruecos considera Ceuta una plaza ocupada y no va a proceder a responder”, apunta la Abogacía del Estado. Hasta el propio juez español de enlace lo dijo: “O no contestan o invocan razones de soberanía nacional para no admitirlas”.

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