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La compra de tablets obliga a quitar otros diez millones a las obras de mejora de colegios

El Consell ha vuelto a utilizar Edificant, el programa estrella para mejorar las instalaciones de los colegios e institutos públicos, para cubrir gastos que nada tienen que ver con obras educativas. La última modificación presupuestaria establece que 5,27 millones del programa se destinarán a la compra de dispositivos (tablets y ordenadores) para su uso por parte del alumnado y el profesorado en caso de cuarentenas o si llega a decretarse otro confinamiento. Sumados a los 3,89 que ya se detrajeron a principios de junio con el mismo fin, suman cerca de diez millones que pasan de reservarse para realizar obras en colegios a emplearse en la digitalización urgente de las aulas valencianas.

Edificant llegó para sustituir el primer gran plan de infraestructuras educativas, anunciado en enero de 2016 y que pretendía actuar sobre medio millar de centros, incluyendo la eliminación de todos los barracones estructurales, es decir, los que se perpetuaron durante el mandato del PP. La falta de recursos humanos en la Conselleria de Educación para sacar adelante semejante volumen de intervenciones dio al traste con las expectativas del Consell. De hecho, gran parte de las actuaciones más importantes siguen sin estar empezadas, como sucede con el centenar de colegios con alguna unidad prefabricada (total o parcialmente).

Con Edificant, aprobado en octubre de 2017, la idea era recurrir a los medios humanos de los ayuntamientos para la tramitación de cualquier obra, desde la redacción de estudios iniciales hasta la ejecución de las mismas, siendo la Generalitat la que aportaría los fondos. Para 2020, el presupuesto oficial del plan ascendió a 310,3 millones de euros, 226 para actuaciones en centros de Infantil y Primaria y 84,3 para los de Secundaria. Sin embargo, a día de hoy, la cuantía se ha reducido un tercio tras recurrirse a estas líneas presupuestarias para sufragar gastos diversos. Exactamente en la hucha de Edificant quedan 206,5 millones. La minoración ha sido de un 33,4%.

En lo que va de año el programa ha servido para cubrir las ayudas valencianas a trabajadores afectados por ERTE (20 millones), la Renta Valenciana de Inclusión (50), suministros de material y ayudas extraordinarias de comedor derivadas de la pandemia (20,13), el arrendamiento de barracones para colegios en obras o en espera (2,5), la compra del primer lote de tablets (3,89), la financiación de actividades extraescolares (1,92) y la segunda remesa de dispositivos electrónicos (los 5,27 citados).

Esta ha sido la última modificación aprobada, y sirve para dotar de fondos al plan Educa en Digital impulsado por el Ministerio de Educación y que permitirá adquirir otras 40.000 tablets y ordenadores. El Gobierno aportará buen parte de la cuantía necesaria (algo más de 21 millones).

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Detrás de tantas modificaciones está el lento avance de la tramitación de las obras previstas, sobre todo las grandes actuaciones que deben acometer los ayuntamientos, como ampliaciones, restituciones o centros de nueva construcción, que lógicamente son las más caras.

Educación siempre defiende que el programa no sufre recortes, sino que el dinero reservado para aquellos municipios que no pueden sacar adelante las obras en determinado ejercicio se pasa al año siguiente, de manera que no hay pérdida. El Dogv ha publicado varias resoluciones en este sentido aumentando el límite de gasto del programa en 2021, fruto de la reprogramación de las actuaciones. La última se refiere a suspensiones en la tramitación de los trabajos y a la «reducción en el ritmo de ejecución» debido a la incidencia de la pandemia. Eso sí, lo mismo que está sucediendo en 2020 pasó en 2019, cuando también se utilizó el presupuesto de Edificant para el abono de otros compromisos, como la deuda con las universidades. 

En definitiva, el dinero que se anuncia para Edificant siempre es mayor en las cuentas de la Generalitat que el comprometido realmente. Además, el ritmo de pagos también evidencia el lento avance del programa. A principios de julio se había abonado a las correspondientes empresas un importe de 12 millones, un 4% de lo presupuestado.

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