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La defensa del obispo auxiliar lamenta «la falta de rigor» de la Udef en la causa de la visita del Papa

La desimputación de Eusebio Monzó ha alimentado la esperanza de los investigados de que la jueza de Instrucción 5 dé carpetazo a toda la investigación de la visita del Papa. La instructora tiene sobre su mesa diferentes escritos solicitando el sobreseimiento. Uno de los más extensos es el de Esteban Escudero, obispo auxiliar de Valencia. De entrada, no acaba la defensa del prelado de comprender cómo de una causa para analizar posibles vínculos de la financiación ilegal del PP se termina en los 11 contratos que firmó la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. 

El punto central del escrito consiste en explicar por qué la fundación era privada y, por tanto, no estaría sometida a la ley de contratos. Recuerda el obispo las testificales del profesor Jorge García-Andrade y del abogado del Estado en excedencia Javier Gómez-Ferrer, que sostienen el carácter privado de la fundación frente a la “lamentable parcialidad, ligereza y la falta de rigor” de los peritos de la Intervención y de la Udef quienes, además, según la defensa del obispo, no son expertos en fundaciones. Al perito de la Intervención llega a calificarlo de “personaje” por sus singulares argumentos para mantener que es pública.

El escrito del prelado recuerda el origen de la entidad que no era otro que la “organización de un evento religioso”. Tal y como dijo el perito Andrade -continúa el documento- esto es así porque un Estado no confesional no puede hacerse cargo de celebraciones de esta naturaleza. La dirección de la entidad estaba en manos del Arzobispado, subraya.

El presupuesto inicial era de unos 22 millones de euros. Finalmente se gastaron algo más de 17 millones, según los informes que constan en la causa y que recuerda el letrado. De esta cifra, el 81% del coste se sufragó con fondos privados, según la memoria de la entidad. El abogado pone sobre la mesa una circunstancia, las donaciones que FCC, Pavasal o Acciona realizaron a la fundación al perdonar las cantidades por trabajos para el Encuentro Mundial de las Familias. Esto daría idea del carácter privado. “¿En algún caso se ha visto que un proveedor de obra o de servicios realice donaciones o incluso condonaciones de deuda a una Administración u organismo de naturaleza pública?”, reprocha al interventor.

La defensa del obispo auxiliar, en resumen, apunta a que la fundación no formalizó contrato alguno con terceros con cargo a fondos públicos ni tuvo la sensación de estar haciéndolo, pues partió su andadura con un presupuesto equilibrado, que luego no pudo cumplirse por la reducción de ingresos.

La representación legal del prelado, que ya solicitó el archivo en otro escrito a mediados de 2019, además, subraya cómo la propia Abogacía de la Generalitat, en su día, informó de la naturaleza pública de la fundación en el momento de su constitución. Además, de otro dosier de la Intervención, en marzo de 2014, que insiste en la misma tesis. La Generalitat ejerce la acusación particular en este asunto.

No es Escudero el único que aguarda una resolución del juzgado. Recientemente, el que fuera vicepresidente del Consell con Francisco Camps, Víctor Campos, ha insistido en reclamar el cierre de las actuaciones. El exdirigente del PP se acoge a la vía ‘Monzó’, el auto de la Audiencia de Valencia de donde se desprende que la naturaleza de la fundación era privada hasta que “devino pública” con la inyección de los dos millones de euros. Esto arruinaría la tesis de las acusaciones ya que, en la época de las contrataciones (2005 y 2006) esta sería privada. El auto de la sección Cuarta permitió la desimputación de Eusebio Monzó porque lo único que hizo el investigado fue seguir las órdenes que le habían transmitido con todos los informes favorables.

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