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Hacienda suspende la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021

El Gobierno ha decidido suspender la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021, como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis de la covid-19. Ello implica dejar sin aplicación los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021 con efectos no sólo para el Estado central, sino para todos los niveles de la administración, también las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Así lo ha comunicado este miércoles la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados en un encuentro con los medios de comunicación.

De esta manera ataja el Gobierno el conflicto que había estallado con los ayuntamientos y con la mayor parte de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y que dio lugar a su primera derrota parlamentaria, cuando propuso vía decreto que las entidades locales le cedieran sus remanentes a cambio de lo cual el Ejecutivo repartiría un fondo de 5.000 millones de euros.

La suspensión de las reglas fiscales por parte del Gobierno permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir a sus remanentes de tesorería, sin que sea de aplicación la restricción del déficit. Las entidades locales, y también las comunidades autónomas, podrán destinar su superávit a otros fines que no sean la amortización de deuda, como establece la ley de estabilidad presupuestaria, popularmente conocida como Ley Montoro, que fue aprobada en el año 2012. Además, los objetivos de estabilidad presupuestaria no actuarán como límite a las inversiones financieramente sostenibles.

La ministra Montero se había escudado hasta el momento en que tanto la ley de estabilidad presupuestaria como la Constitución prohibían a los ayuntamientos incurrir en déficit. Pero las medidas adoptadas este miércoles, que entrarán vigor una vez el Congreso de los Diputados aprueben la senda del déficit con vistas a los presupuestos de 2021, implican que se abre la puerta a que los municipios puedan entrar en una situación de desequilibrio fiscal.

La decisión, afirma el Gobierno, va en línea con las acciones adoptadas a nivel europeo y «tiene el objetivo dar a las administraciones públicas todos los instrumentos posibles para luchar contra la pandemia y proteger a las familias y las empresas», según argumenta Hacienda en un comunicado.

La Comisión Europea y el Consejo aprobaron el pasado marzo activar la cláusula general de salvaguarda, que se mantendrá activa no sólo para este año, sino también para 2021. Ello implica que no se suspenden los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, pero hace posible a los Estados miembros dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) había insistido al Gobierno en numerosas ocasiones a acogerse a esta posibilidad para hacer frente a la gestión de la pandemia, que implica un incremento importante de los gastos por los programas de protección social y empresarial puestos en marcha, al tiempo que merma los ingresos públicos como consecuencia de la reducción de la actividad económica. Justo este miércoles el Banco de España ha revelado que la deuda sobre el PIB cerró el primer semestre del año por encima del 110%, un nivel récord. Y diversos organismos proyectan un término de ejercicio con esta rúbrica en niveles próximos al 120% del PIB.

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